Evaluar el impacto de las políticas estatales para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos en las sociedades con alto nivel de endeudamiento. Es la principal tarea marcada por el nuevo relator de la ONU sobre la deuda externa, Cephas Lumina, profesor de leyes de Zambia. El nuevo relator, cuyo mandato se va a prolongar durante los próximos tres años, depende del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Entre sus tareas se encuentra la de estudiar la capacidad de los Estados endeudados para implementar políticas y programas que resguarden los derechos humanos. Cephas Lumina también tendrá que analizar las medidas de los gobiernos, el sector privado y las instituciones financieras para aliviar los efectos de la deuda externa en los países en desarrollo.
Lumia toma el testigo de Bernards Mudho, cuya principal demanda fue la creación de directivas relacionadas con la gestión de la deuda externa que garanticen el respeto de los derechos humanos. Mudho también advirtió de que los programas de alivio de las cargas financieras deben evitar que se produzca una reducción de la ayuda internacional para el desarrollo".
Además, realizó un llamamiento a la responsabilidad tanto de los acreedores como de los prestatarios a la hora de evaluar el impacto económico y social que tiene el servicio de la deuda para la población y establecer la posibilidad de revisar las condiciones de los préstamos.
¿Quién debe a quién?
En España existe una iniciativa ciudadana denominada “¿Quién debe a quién?” que reclama la abolición de la deuda externa. Denuncian que las obligaciones financieras de los países empobrecidos se cobra diariamente la muerte de personas y es una de las causas de la violencia estructural y de la agresión sistemática contra los derechos humanos de la mayor parte de la población mundial. Además, advierten de que esta situación sigue provocando el aumento de la desigualdad entre los estados y entre la población.
La plataforma reclama al gobierno español, entre otras cuestiones, la elaboración de auditorías públicas e integrales sobre la legitimidad de la deuda bilateral, la anulación de las obligaciones financieras ilegítimas y la desaparición de los mecanismos que la generan.
Más de 2,5 billones de dólares
En la actualidad el importe de la deuda externa de los países empobrecidos se eleva por encima de los 2,5 billones de dólares. En los últimos 40 años se ha multiplicado por 50, ya que en 1968 era de 50.000 millones de dólares. Los bancos privados son los acreedores del 62 por ciento del montante total, al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial pertenecen un 20 por ciento de los pagos pendientes y el resto, el 18 por ciento, es responsabilidad de los países más ricos.
Para hacer frente a esta realidad, los movimientos sociales creaban a finales de la década de los 70 el Tribunal Permanente de los Pueblos con el fin de juzgar la actuación de los acreedores de la deuda externa. La próxima sesión de este organismo va a tener lugar en Lima (Perú) entre el 14 y el 17 de mayo, coincidiendo con la Cumbre de los Pueblos. La finalidad de las vistas será la de evaluar diversas acusaciones contra empresas trasnacionales europeas por sus violaciones en América Latina y Caribe.
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