No a la directiva de la vergüenza

Los colectivos sociales de la Unión Europea, entre ellos Pro Derechos Humanos de Andalucía, se han manifestado en Bruselas este miércoles, 7 de mayo, en contra de lo que denominan la “directiva de la vergüenza”, es decir, la norma comunitaria de retorno forzado de extranjeros que no tengan su situación normalizada en los 27.

Junto a la movilización las organizaciones solidarias han entregado en el Parlamento Europeo una petición denominada “No a la directiva de la vergüenza” firmada por cerca de 33.000 ciudadanos. La norma cuenta también con la oposición de cerca de un millar de entidades sociales.

Con esta movilización, los promotores de la protesta expresan su inquietud por el desarrollo actual de las políticas de la Unión Europea y piden al Parlamento Europeo y a los Estados miembros que tengan en cuenta los principios que enuncian en su Carta para no incurrir en una regresión tan grave del Derecho Comunitario. Y es que el objetivo de la norma es el de sistematizar el encierro y la expulsión de los extranjeros no deseados y el de armonizar las condiciones de la represión en todo el ámbito europeo.

Las organizaciones sociales califican como “escandalosa” la propuesta que pretenden aprobar los 27, ya que criminaliza la inmigración, por varias razones:

1. Prevé un encierro de los extranjeros en situación irregular de entre 6 y 18 meses. Esto significa que aumenta la duración del internamiento, que en España en la actualidad es de 40 días, frente al mínimo de 6 meses establecido por la nueva directiva.
2. Prevé una prohibición de entrada en territorio europeo de 5 años para las personas expulsadas. Esto equivale a criminalizar y excluir a estas personas.
3. Los menores ya no se beneficiarán de la protección establecida por el Convenio sobre los Derechos del Niño, que todos los Estados de la Unión han firmado y que en la actualidad permite que sean tratados como menores en lugar de cómo inmigrantes. Esto significa que podrán ser expulsados como los adultos, vulnerando el principio fundamental del interés superior del niño.

Con estos condicionantes, los colectivos humanitarios insisten en que la directiva propone que la detención de los indocumentados pueda prolongarse hasta 18 meses cuando el extranjero no coopere, cuando haya dificultades para obtener los documentos de viaje, o cuando éste representa una amenaza para el orden público. Ahora bien, advierten de que la experiencia indica que el alejamiento de un extranjero se lleva en la mayoría de los casos en los 10 primeros días de su detención por lo que está claro que la utilización de una duración tan larga no permite una mejor efectividad de las expulsiones, sino que aumenta el sufrimiento del retenido, los costes de estancia para los contribuyentes, y sólo tiene por objetivo castigar y controlar a los extranjeros.

Las organizaciones humanitarias no son las únicas que se oponen a la nueva legislación comunitaria. Los grupos políticos del Parlamento Europeo (PE) también han mostrado su disparidad de criterios. Las formaciones de izquierda como socialistas o Izquierda Unitaria van a pedir el voto en contra, mientras que populares y liberales sí apoyan la directiva.

Incluso los 27, que este miércoles, 7 de mayo, debían dar el visto bueno a la norma han aplazado la decisión por falta de consenso, paradójicamente ante las dudas de los países con una legislación más conservadora sobre la materia. Y es que para que la norma entre en vigor necesita la aprobación del Consejo de Ministros europeo y del pleno de la Eurocámara.