“Los pueblos indígenas no hemos desaparecido, estamos vivos y hemos incrementado nuestro número. Hemos logrado el reconocimiento de nuestros derechos, incluso en el ámbito internacional”. Con esta reflexión alentadora comenzó su conferencia el jurista indígena quechua Raúl Ilaquiche, en
Ilaquiche intervino en
Raúl Ilaquiche expresó la preocupación de los pueblos autóctonos ante la futura Carta Magna. Reportaje completo en El Cuarto Mundo (Bottup)
La riqueza de compartir experiencias culturales; de introducirnos en la sala de los sueños donde nuestra mente viaja junto a la de nuestros vecinos de butaca; de volver a los orígenes de una experiencia artística como el cine que nació para ser compartida; en definitiva, de sacar el cine a la calle y verlo en grupo. Es la propuesta del V Muestra de Cine de Lavapiés que tiene lugar en el barrio madrileño entre el 21 y el 29 de junio.
La proyección de la película ganadora del Festival del Sáhara, con el que el certamen madrileño está hermanado, en este caso la última obra de Ken Loach, ‘En un mundo libre’, va servir para inaugurar la quinta edición de la muestra de Lavapiés. Será el sábado, 21 de junio, en
A lo largo de nueve días las pantallas de Lavapiés ofrecerán cine de calidad y gratuito en los diferentes espacios sociales del barrio, en una combinación de películas recientes y grandes clásicos, producciones fuera del circuito comercial y también estrenos.
Reportaje completo en El Cuarto Mundo (Bottup).
El Movimiento Ciudadano ‘Anti Pascua Lama’ organiza este sábado, 14 de junio,
La manifestación, con la consigna “el agua vale más que el oro”, va a servir para repudiar el proyecto de minería a cielo abierto para la extracción de oro conocido por el nombre de ‘Pascua Lama’, al que se oponen tanto las organizaciones sociales como los habitantes de la región. Con la nueva marcha exigen a las autoridades que protejan los recursos naturales de la cordillera de los Andes.
‘Pascua Lama’ es el nombre con el que se conoce a la primera explotación minera binacional del mundo, ya que comprende parte del desierto de Atacama en Chile y de la provincia de San Juan en Argentina. En ambos países existen glaciares y fuentes de agua que son utilizadas por las poblaciones. Las organizaciones que convocan la protesta advierten de que se va a emplear cianuro en la extracción del oro, un producto tóxico que terminaría contaminando los recursos hídricos.
El proyecto extractivo está impulsado por la multinacional Barrick Gold, formada por capitales de Estados Unidos y Canadá. Para permitir su puesta en marcha, los gobiernos del presidente argentino Carlos Menem y de su homólogo chileno Eduardo Frei firmaron un tratado binacional minero en 1997. El movimiento ciudadano advierte de que este acuerdo entrega la soberanía del territorio a las transnacionales, ya que les concede el control de todos los recursos naturales, tanto minerales como hídricos.
Reportaje completo en Bottup.
Capacidad para albergar cerca de 5.500 viviendas, un moderno diseño en forma de V y una altura de 320 metros. Son las principales características de la promoción urbanística denominada 'las Torres V' que pretende llevar a cabo la refundada 'Asamblea por la Precariedad y Contra la Vivienda Digna', antigua plataforma 'V de Vivienda'.
Ya lo decía Max Estrella en Luces de Bohemia: “Las letras son colorín, pingajo y hambre”. Pero seguro que los arqueólogos que se han manifestado por la cada vez más escuálida Gran Vía de los cines pensaban cuando estudiaban en Secundaria a Valle Inclán que a ellos les iría mejor.
Protestar contra la precariedad laboral que sufren los arqueólogos. Es el objetivo de la concentración convocada por Los arqueólogos se quejan de la precariedad laboral que sufren, ya que son comunes los contratos basura y los casos de despidos improcedentes. En concreto, la asociación reivindica la elaboración de un convenio colectivo propio del sector con el fin de regular las condiciones laborales de la profesión. Demandan la definición de las categorías específicas de esta actividad, con sus requisitos, atribuciones y cometidos propios de la labor que desempeñan.
El colectivo también reclama la adaptación de las normas de seguridad a sus condiciones habituales de trabajo, así como la puesta en marcha de medidas de promoción de su actividad profesional para acercarla a la sociedad y la elaboración de un código deontológico de la arqueología. Con ello pretende lograr un mayor reconocimiento social e institucional de la profesión.
Condenados a la precariedad
La falta de un convenio colectivo propio provoca que los arqueólogos asalariados se vean obligados a aceptar en sus contratos las condiciones laborales de acuerdos tan dispares como los de jardinería, minas o secretarias y despachos, cuyas principales características son, por supuesto, la temporalidad, los sueldos inferiores a los 1.000 euros, pagas extraordinarias prorrateadas y contratos por obra y servicio que se prolongan durante años.
La firma de un convenio colectivo específico es la principal reivindicación de
Del 13 hasta el 16 de mayo, en el seno de la Cumbre de los Pueblos Enlazando Alternativas 3, que tiene lugar en Perú, la Red Birregional Europa y América Latina y el Caribe ha convocado al Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), que se reúne en Lima.Las sesiones van a servir para enjuiciará la actuación de las multinacionales de capital europeo en América Latina, así como a los mecanismos (financieros, mediáticos, legales) y actores (la UE, los Gobiernos de sus países miembros así como los Ejecutivos latinoamericanos y los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial) que habilitan, legitiman y fortalecen las posiciones de las empresas frente a los trabajadores y a la población empobrecida.
El Tribunal también va a estudiar una serie de denuncias contra las empresas petroleras Repsol-YPF y Shell, así como contra la finlandesa Botnia y la española ENCE, quienes mantienen sendos proyectos de fábricas de celulosa en Uruguay. Por su parte, Brasil promueve siete casos de empresas que atentan contra los derechos humanos, el medio ambiente y el trabajo.
El Coordinador General de
Alternativas al neoliberalismo
Los representantes de
Rosa Guillén, coordinadora general de este encuentro alternativo ha asegurado en su discurso inaugural que la reunión es "una respuesta profunda al neoliberalismo (...) que busca mercantilizar las relaciones sociales y se apropia de los medios de vida de las poblaciones".
Los organizadores de la Cumbre de los Pueblos prevén elaborar un documento con demandas y propuestas que será entregado el jueves "oficial y formalmente" al Gobierno peruano y a los jefes de Estado y de Gobierno que participarán en la Cumbre ALC-UE, entre el 16 y 17 de mayo. En los debates, que tienen lugar en el auditorio de la Universidad Nacional de Ingeniería, participan alrededor de 3.000 delegados procedentes de diversos países de América Latina y el Caribe y de Europa.
De forma paralela, los participantes exponen sus experiencias de autogestión relacionadas con temas diversos como derechos humanos, educación, juventud, servicios públicos, migración, desarrollo urbano, luchas sindicales, pobreza, agroindustria y discriminación. También destaca la Carpa de las Mujeres donde se discute sobre la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos del colectivo femenino latinoamericano.
Los colectivos sociales de la Unión Europea, entre ellos Pro Derechos Humanos de Andalucía, se han manifestado en Bruselas este miércoles, 7 de mayo, en contra de lo que denominan la “directiva de la vergüenza”, es decir, la norma comunitaria de retorno forzado de extranjeros que no tengan su situación normalizada en los 27.
Junto a la movilización las organizaciones solidarias han entregado en el Parlamento Europeo una petición denominada “No a la directiva de la vergüenza” firmada por cerca de 33.000 ciudadanos. La norma cuenta también con la oposición de cerca de un millar de entidades sociales.
Con esta movilización, los promotores de la protesta expresan su inquietud por el desarrollo actual de las políticas de la Unión Europea y piden al Parlamento Europeo y a los Estados miembros que tengan en cuenta los principios que enuncian en su Carta para no incurrir en una regresión tan grave del Derecho Comunitario. Y es que el objetivo de la norma es el de sistematizar el encierro y la expulsión de los extranjeros no deseados y el de armonizar las condiciones de la represión en todo el ámbito europeo.
Las organizaciones sociales califican como “escandalosa” la propuesta que pretenden aprobar los 27, ya que criminaliza la inmigración, por varias razones:
Con estos condicionantes, los colectivos humanitarios insisten en que la directiva propone que la detención de los indocumentados pueda prolongarse hasta 18 meses cuando el extranjero no coopere, cuando haya dificultades para obtener los documentos de viaje, o cuando éste representa una amenaza para el orden público. Ahora bien, advierten de que la experiencia indica que el alejamiento de un extranjero se lleva en la mayoría de los casos en los 10 primeros días de su detención por lo que está claro que la utilización de una duración tan larga no permite una mejor efectividad de las expulsiones, sino que aumenta el sufrimiento del retenido, los costes de estancia para los contribuyentes, y sólo tiene por objetivo castigar y controlar a los extranjeros.
Las organizaciones humanitarias no son las únicas que se oponen a la nueva legislación comunitaria. Los grupos políticos del Parlamento Europeo (PE) también han mostrado su disparidad de criterios. Las formaciones de izquierda como socialistas o Izquierda Unitaria van a pedir el voto en contra, mientras que populares y liberales sí apoyan la directiva.
Incluso los 27, que este miércoles, 7 de mayo, debían dar el visto bueno a la norma han aplazado la decisión por falta de consenso, paradójicamente ante las dudas de los países con una legislación más conservadora sobre la materia. Y es que para que la norma entre en vigor necesita la aprobación del Consejo de Ministros europeo y del pleno de la Eurocámara.
Evaluar el impacto de las políticas estatales para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos en las sociedades con alto nivel de endeudamiento. Es la principal tarea marcada por el nuevo relator de la ONU sobre la deuda externa, Cephas Lumina, profesor de leyes de Zambia. El nuevo relator, cuyo mandato se va a prolongar durante los próximos tres años, depende del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Entre sus tareas se encuentra la de estudiar la capacidad de los Estados endeudados para implementar políticas y programas que resguarden los derechos humanos. Cephas Lumina también tendrá que analizar las medidas de los gobiernos, el sector privado y las instituciones financieras para aliviar los efectos de la deuda externa en los países en desarrollo.
Lumia toma el testigo de Bernards Mudho, cuya principal demanda fue la creación de directivas relacionadas con la gestión de la deuda externa que garanticen el respeto de los derechos humanos. Mudho también advirtió de que los programas de alivio de las cargas financieras deben evitar que se produzca una reducción de la ayuda internacional para el desarrollo".
Además, realizó un llamamiento a la responsabilidad tanto de los acreedores como de los prestatarios a la hora de evaluar el impacto económico y social que tiene el servicio de la deuda para la población y establecer la posibilidad de revisar las condiciones de los préstamos.
¿Quién debe a quién?
En España existe una iniciativa ciudadana denominada “¿Quién debe a quién?” que reclama la abolición de la deuda externa. Denuncian que las obligaciones financieras de los países empobrecidos se cobra diariamente la muerte de personas y es una de las causas de la violencia estructural y de la agresión sistemática contra los derechos humanos de la mayor parte de la población mundial. Además, advierten de que esta situación sigue provocando el aumento de la desigualdad entre los estados y entre la población.
La plataforma reclama al gobierno español, entre otras cuestiones, la elaboración de auditorías públicas e integrales sobre la legitimidad de la deuda bilateral, la anulación de las obligaciones financieras ilegítimas y la desaparición de los mecanismos que la generan.
Más de 2,5 billones de dólares
En la actualidad el importe de la deuda externa de los países empobrecidos se eleva por encima de los 2,5 billones de dólares. En los últimos 40 años se ha multiplicado por 50, ya que en 1968 era de 50.000 millones de dólares. Los bancos privados son los acreedores del 62 por ciento del montante total, al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial pertenecen un 20 por ciento de los pagos pendientes y el resto, el 18 por ciento, es responsabilidad de los países más ricos.
Para hacer frente a esta realidad, los movimientos sociales creaban a finales de la década de los 70 el Tribunal Permanente de los Pueblos con el fin de juzgar la actuación de los acreedores de la deuda externa. La próxima sesión de este organismo va a tener lugar en Lima (Perú) entre el 14 y el 17 de mayo, coincidiendo con la Cumbre de los Pueblos. La finalidad de las vistas será la de evaluar diversas acusaciones contra empresas trasnacionales europeas por sus violaciones en América Latina y Caribe.
"La situación empeora año tras año. El proceso de paz está bloqueado y eso afecta especialmente a los más débiles. Mujeres, niños y ancianos. Hay 200.000 personas que fueron españolas abandonadas en el desierto desde hace 33 años.
Es urgente que la ciudadanía ayude a devolver la libertad a el pueblo saharaui. Por eso pedimos al gobierno de España que reconozca el status diplomático del frente polisario".
Los pueblos indígenas son los más pobres de los más pobres y su situación es sumamente crítica. Es la principal conclusión del informe "Los pueblos indígenas y los indicadores de desarrollo y bienestar", elaborado por
La investigación plantea la necesidad de la puesta en marcha de políticas públicas que solucionen los principales problemas de los pueblos indígenas y formula la siguiente pregunta retórica: “¿Cuántas veces más habrá que ratificar antes que son “los más pobres de los pobres?”
En la confección del mencionado informe, promovido por el Programa Universitario México Nación Multicultural de
El objetivo del informe, que se puede consultar el sitio www.nacionmulticultural.unam.mx, es el de aportar indicadores sobre temas como el bienestar social; conocimiento tradicional; diversidad biológica; protección y usufructo de los recursos naturales; derechos a la alimentación, seguridad y soberanía alimentaria; desarrollo sostenible; situación de la mujer indígena, y derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
El referido documento trata de poner en valor la diversidad cultural de los pueblos indígenas y de identificar los principales desafíos de su desarrollo como comunidades autóctonas.
Precisamente, uno de los principales elementos de la riqueza de la identidad de los pueblos originarios es su idioma. En el marco del VII Foro Permanente, el Comité de
La declaración señala que el idioma “abarca las complejidades de la identidad y es esencial para formar las cosmovisiones de los jóvenes indígenas”. Por ello denuncia “los efectos continuos de la asimilación, la aculturación, la colonización y su contraparte, el genocidio por el desplazamiento de generaciones de niños indígenas alrededor del mundo”.
“Seiscientos idiomas han desaparecido en el último siglo y arriba del 90 por ciento de los idiomas del mundo probablemente van a desaparecer antes del fin de este siglo” advierten los jóvenes indígenas citando datos de
Por último, denuncian “la supresión y la opresión progresivas del idioma indígena por los gobierno-estados, los sistemas escolares y las instituciones religiosas deben ser erradicados y reemplazados con esfuerzos colectivos para afirmar el resurgimiento de nuestros idiomas” demandaron. Como dice Rosa Montero, "acongoja imaginar esa gigantesca masacre silenciosa".
Son sólo algunos apuntes de los temas debatidos durante la celebración del VII Foro Permanente de Cuestiones Indígenas, que en esta ocasión se ha centrado en la repercusión del cambio climático sobre las comunidades autóctonas.
El futuro de Bolivia como país resulta incierto. Mientras el gobierno del indígena Evo Morales trata de sacar adelante la refundación del Estado a través de la elaboración de una nueva Constitución, a la que se opone la oposición política conservadora, las regiones más ricas, encabezadas por Santa Cruz, plantean una reforma autonómica que les otorgue mayor autogobierno e independencia económica.Salvando las distancias y las condiciones económicas y políticas distintas, las tensiones entre el Estado centralista y las regiones ricas independentistas son un elemento común a numerosos países. El ejemplo más cercano en Europa se encuentra en Italia, donde
En el caso del país andino, las regiones de la denominada “media luna boliviana” plantean un proyecto autonomista como desafío a la reforma constitucional del gobierno de Evo Morales, que pretenden legitimar con la convocatoria de un referéndum. La consulta está impulsada por los partidos políticos de la oposición, aglutinados en la coalción "Podemos", que hace dos años perdieron la elección presidencial y terminaron poniéndose en manos las oligarquías y los terratenientes que sí lograron mantener los gobiernos regionales.
El proceso autonómico de las regiones más ricas del país va paralelo a la reforma del Estado, mediante la convocatoria de una Asamblea Constituyente, promovida por el presidente Evo Morales. La "refundación de Bolivia" para distribuir el poder de manera más igualitaria figuraba en el programa electoral del Movimiento al Socialismo, con el que Morales logró llegar a la presidencia. El proyecto cuenta con el apoyo de la mayoría de los colectivos sociales bolivianos, sobre todo campesinos, obreros e indígenas.
Los desafíos al gobierno de Evo Morales
A lo largo de sus más de dos años de mandato, Evo Morales ha tenido que enfrentar numerosos desafíos planteados por la oposición. El más representativo fue el enfrentamiento entre las ciudades de
Ahora, el próximo enfrentamiento se vivirá el domingo, 4 de mayo, con el referéndum convocado por el departamento de Santa Cruz, el más extenso y próspero del país sobre el futuro estatuto autonómico. La consulta está promovida por el gobierno de Santa Cruz, encabezado por su prefecto Rubén Costas. Esta región, ubicada en el este de Bolivia, es una de las más ricas debido a la localización de grandes reservas de gas natural, el principal recurso energético del país andino. La gestión de los beneficios de los recursos naturales es uno de los principales puntos de discordia entre los representantes del Estado y los regionales. Además en junio están previstas convocatorias similares en Tarija, Beni y Pando.
En los últimos días, los integrantes del Ejecutivo boliviano han reiterado que rechazarán "la implementación del estatuto autonómico de corte separatista impulsado por sectores oligárquicos del departamento de Santa Cruz". Ante el riesgo de desestabilización del país, hasta el momento, el presidente Evo Morales ha descartado la posibilidad de militarizar la región o de decretar el estado de sitio para impedir el referéndum y siempre ha apostado por la negociación con los dirigentes regionales. Además el mandatario indígena también ha garantizado en reiteradas ocasiones que su ejecutivo cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas, frente a las dudas de un sector de la opinión pública sobre la disparidad de criterio de los mandos del ejército en torno a la situación política del país.
A lo largo de las últimas semanas el gobierno de Evo Morales ha recibido numerosos apoyos internos y externos. Así
Además, los movimientos sociales de Santa Cruz, como
Desde el exterior, el reciente Encuentro de
En Internet, destaca la iniciativa denominada "Todos con Bolivia" que denuncia las injerencias políticas de potencias como Estados Unidos para desestabilizar al país andino. La campaña cuenta con el apoyo de numerosos intelectuales, al tiempo que promueve la adhesión de todos los ciudadanos que así lo estimen oportuno.
El Comité Nacional Electoral ha advertido al presidente de
Las cuestiones que involucran la ilegalidad del referendo también serán denunciadas por el Gobierno de Bolivia a
Los últimos acontecimientos
Para hacer frente a la consulta autonomista, el gobernante Movimiento al Socialismo ha convocado para el 4 de mayo una jornada por la unidad de Bolivia. Para ello pide a los ciudadanos que izen las banderas del país en sus viviendas. Con el fin de evitar un posible enfrentamientos directos con los defensores de las autonomías, los dirigentes del MAS han descartado la opción de organizar una marcha hasta la ciudad de Santa Cruz. Además han pedido a los ciudadanos de Santa Cruz, sobre todo a los integrantes de los movimientos sociales, que se abstengan en la consulta del domingo y recuerdan que no es obligatorio votar.
El caso es que el gobierno de Evo Morales ya ha tenido que hacer frente con anterioridad a los desafíos de las regiones autonomistas. Así en diciembre de 2006 los mismos dirigentes regionales que ahora convocan el referéndum organizaron una serie de asambleas populares para preparar el proceso autonómico. El enfrentamiento entre los miembros del MAS y los autonomistas provocó cientos de heridos y varios muertos.
El certamen fotográfico está dirigido a profesionales africanos y en su primera edición ha contado con la participación de 28 fotógrafos procedentes de 17 países. La iniciativa pretende convertirse en un medio de difusión del trabajo de los artistas africanos y en una forma de acercarse a la realidad de este continente a través de la visión propia que tiene de él sus habitantes.
Harandame Dicko ha obtenido el primer premio, dotado con 1.800 euros, con una obra sin título. Nacido en Tombouctou en 1978, el fotógrafo ganador ha participado en varias exposiciones colectivas tanto en su país natal como en Níger, Suiza y Francia. En la actualidad trabaja como asistente técnico en el Centro de Formación en Fotografía de Bamako.
El segundo premio, dotado de 1.000 euros, ha correspondido a Nestor Da (Burkina Faso) con la obra 'Sensations Red'. Este autor comenzó a trabajar en las calles de Abidjan realizando fotografías para bodas y bautizos, aunque durante los últimos años ha presentado distintas exposiciones en Malí.
El tercer premio ha sido para el nigeriano Adolphus Opara (Nigeria) con la obra titulada 'Lagos Rules'. Opara es en la actualidad alumno del Curso de Fotoperiodismo organizado por World Press Photo y el Instituto Nigeriano de Periodismo.
El concurso, organizado por primera vez como actividad paralela al Festival de Cine Africano de Tarifa, está promovido por el Centro Andaluz de Fotografía, dependiente de
El jurado, presidido por el director del Centro Andaluz de Fotografía, Pablo Juliá, ha valorado la calidad, originalidad, innovación e investigación artística de las obras presentadas. En las deliberaciones también han participado los fotógrafos Jaro Muñoz, Juan Jesús Huelva y José Luis Roca, así como por Sandra Maunac y Gaetano Gualdo, vocales designados por Al Tarab.
Con motivo del festival de cine, una selección de 48 obras presentadas a Photo África se expone en
Festival de Cine Africano de Tarifa (FCAT’08)
Por quinto año consecutivo Tarifa acoge una nueva edición del Festival de Cine Africano (FCAT). El evento, único en su género en España, tiene previsto proyectar más de noventa títulos de producción africana o relacionada con el continente vecino, en su mayoría desconocidos en nuestro país.
Los países con mayor representación son Argelia, Marruecos, Egipto, Túnez, Senegal, Mauritania, Guinea Conakry, Guinea Ecuatorial, Costa de Marfil, Malí, Burkina Faso, Níger, República Democrática de Congo, Camerún, Ruanda, Burundi, Madagascar, Namibia y Sudáfrica.
A través de esta amplia selección, el festival pretende ofrecer al espectador la posibilidad de descubrir las distintas realidades del continente africano, un gran desconocido del que a Europa sólo llega su cara más dramática, protagonizada por las pandemias y los conflictos bélicos.
Junto a las proyecciones, también se organizan actividades alternativas como unas jornadas para profesionales tituladas ‘Foro Español de apoyo a los cines del sur’, exposiciones artísticas, conciertos musicales o un encuentro de más de 1.000 alumnos de quince centros educativos de ambas orillas del estrecho de Gibraltar.
Miles de asambleístas y manifestantes argentinos y uruguayos participaron el domingo, 27 de abril, en la cuarta "Marcha por
La marcha del domingo finalizó con la lectura de un manifiesto que denuncia a la multinacional Botnia y a Finlandia porque “amparándose en la bandera del progreso instalaron una empresa que es pan para hoy y desidia muerte y destrucción para mañana".
El documento también señala que el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, ha violado el tratado del Río de
El conflicto diplomático
La instalación de Botnia, que ha supuesto una inversión de 1.000 millones de dólares, ha generado un prolongado conflicto diplomático entre los gobiernos de Argentina, que se opone al proyecto, y Uruguay, que defiende la iniciativa debido a la importante creación de puestos de trabajo y a los beneficios económicos que conlleva. España, a través del Ministerio de Exteriores y del rey Juan Carlos, ejerce de mediadora para buscar una solución a la controversia. Sin embargo, las negociaciones aún no han dado sus frutos.
De un lado, Argentina denunció en
De otro, Uruguay denunció a Argentina, también en 2006, ante un Tribunal de Controversias del Mercosur por no tomar medidas para garantizar la libre circulación entre ambos países.
La inversión de la española ENCE
Originalmente, en la ciudad uruguaya de Fray Bentos se iban a instalar dos plantas de celulosa, la mencionada de Botnia y otra impulsada por la española ENCE. Sin embargo, la oposición ciudadana obligó a la papelera nacional a reubicar el proyecto. Al final va a construir sus instalaciones en el suroeste de Uruguay, cerca de la ciudad de Colonia, también situada junto al río de
Las autoridades uruguayas defienden la viabilidad del proyecto. Según el alcalde de Colonia, Walter Zimmer, la construcción de la papelera va a emplear a unas 5.000 personas y va a suponer una inversión de 1.270 millones de dólares. Las futuras instalaciones de ENCE van a permitir la producción de un millón de toneladas de pasta de celulosa al año.
Intereses enfrentados
Las aristas del conflicto son numerosas. Su origen se remonta al año 2002, con la difusión de un informe del Banco Interamericano de Desarrollo sobre el proyecto para instalar dos plantas papeleras en la ciudad uruguaya de Fray Bentos, frente a la localidad argentina de Gualeguaychú.Los colectivos ecologistas denuncian las consecuencias negativas para la salud de los habitantes de las zonas cercanas derivadas de la actividade de las papeleras, así como los perjuicios ambientales para el ecosistema del río de la Plata.
Las autoridades uruguayas defienden las inversiones como un medio para generar riqueza y puestos de trabajo. Se podría incluso interpretar que la oposición argentina es una rabieta por no haber albergado los controvertidos proyectos, que al final han viajado a la otra orilla del río de la Plata. Sin embargo, como dice Carlos Taibo, cada vez resulta más necesario reflexionar sobre las consecuencias depredadoras del crecimiento.
Los derechos lingüísticos son una parte integral de la autodeterminación de los pueblos. Es una de las principales conclusiones de los primeros días de debates del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas que tiene lugar en la sede de
En el marco del Año Internacional de las Lenguas, los representantes indígenas critican a los Estados que presumen de defender la diversidad lingüística pero que en realidad no dedican los suficientes fondos para preservarlas potenciando los programas educativos necesarios para ello.
Como ejemplo de lo anterior, Richard Ground, director del Proyecto de Lenguas Euchee, subraya la situación precaria de las lenguas indígenas en Estados Unidos que ha desembocado en un “genocidio cultural” a través del sistema de internados impuesto durante generaciones a las naciones originarias del norte de América cuyo resultado ha sido la ruptura del ciclo de aprendizaje de las tradiciones ancestrales.
Según Ground “los euchee existiremos mientras se hable nuestra lengua. Hoy solamente la hablan cinco personas. Lo mismo está ocurriendo con otras lenguas autóctonas norteamericanas. Es imprescindible que las mantengamos vivas”.
Para corregir este tipo de situaciones, la representante mexicana Gabriela Garduzo reclama la convocatoria de una conferencia mundial sobre diversidad lingüística y la adopción de una convención para la protección de las lenguas de los pueblos autóctonos.
El triunfo del ex obispo Fernando Lugo en las elecciones de Paraguay, al frente de una coalición de izquierdas (Alianza Patriótica por el Cambio), ha terminado de teñir de rojo a la mayoría de los gobiernos de Latinoamérica. Sólo Colombia, con Álvaro Uribe al frente y con unas circunstancias políticas e internas extremas y excepcionales, resiste al cambio. En palabras del presidente boliviano, Evo Morales, se está constituyendo en la región un eje de la humanidad frente a la influencia neoconservadora de Estados Unidos.
La situación de pobreza de la población, el fracaso de las políticas económicas neoliberales, el nuevo discurso político de izquierda y circunstancias coyunturales de cada país han propiciado el giro progresista en Latinoamérica a lo largo del último lustro.
Las condiciones de la partida
La situación de pobreza y exclusión que sufre el pueblo ha sido el principal causante del cambio político latinoamericano. Su marginación y sus pocas expectativas de futuro han provocado que los electorados perdieran la confianza en los discursos de los candidatos de los partidos políticos de siempre, a pesar incluso de las promesa de cambio. De hecho, en Paraguay, la candidata del Partido Colorado, Blanca Ovelar, ha recurrido a su condición de mujer y a su triunfo sobre los mandatarios tradicionales de su formación para anunciar reformas en la manera de gestionar el Estado. El discurso de Lampedusa en El Gatopardo de cambiar para que todo siga igual ya no sirve.
El fracaso de las políticas neoliberales impuestas en las últimas dos décadas por los organismos financieros internacionales y tuteladas por Estados Unidos ha sido clave también. Las recetas económicas erróneas, cuyo mejor paradigma fue la crisis del corralito argentino entre los años 2001 y 2002, han abierto también los ojos a la población y a los dirigentes políticos que han comenzado a construir un discurso económico alternativo.
Tras las experiencias revolucionarias de ideología comunista registradas en Latinoamérica en el último cuarto del siglo XX, cuyo testimonio actual sigue siendo Cuba, el discurso de izquierdas ha logrado transformarse en Latinoamérica hacia una vía posibilista capaz de conectar con las principales reivindicaciones del pueblo y de encauzar el descontento con los partidos tradicionales para llegar al gobierno y transformar la realidad. El ejemplo más claro de esto último se encuentra en la evolución política de Evo Morales, líder cocalero en Bolivia que surge del movimiento indigenista para encabezar un partido político, el Movimiento Al Socialismo, capaz de ganar unas elecciones.
Las coyunturas nacionales
Las circunstancias políticas en cada país son diferentes, como distintos son los discursos de los nuevos dirigentes de izquierda y variable ha sido su evolución ideológica, desde el denominado populismo revolucionario de Hugo Chávez en Venezuela al socialdemócrata moderado de Alan García en Perú. El error en el que los analistas occidentales caen con frecuencia es el de querer homogeneizar realidades tan diversas, como Latinoamérica misma.
Venezuela. En noviembre de 1998 el ex general golpista Hugo Chávez logró el triunfo en las elecciones presidenciales al encabezar una coalición de partidos de izquierda denominada Polo Patriótico. El militar asumió el poder en 1999 con promesas de cambiar la organización del Estado mediante la convocatoria de una asamblea constituyente. Emprendió entonces la transformación política de Venezuela a través de la denominada “revolución bolivariana”. En la actualidad no atraviesa sus mejores momentos con la reinvención del socialismo del siglo XXI y su intención de influir en el resto de gobiernos regionales. Sin embargo, el petróleo sigue siendo un buen colchón para sus aspiraciones.
Brasil. En octubre de 2002 Lula da Silva logró imponerse al candidato del gobernante Partido de
Argentina. A principios del siglo XXI el país se encontraba en quiebra técnica. Incapaces de afrontar la crisis económica, cayeron sin solución de continuidad los gobiernos de Fernando de
Uruguay. El triunfo en las elecciones presidenciales de octubre de 2004 de Tabaré Vázquez, al frente de una coalición de izquierdas denominada Frente Amplio, también supuso, como en el caso de Paraguay, el final del poder establecido. Al asumir la presidencia en 2005 Vázquez se convirtió en el primer presidente progresista de la historia del país. Desde 1830 los gobiernos se los habían repartido el Partido Nacional y el Partido Colorado. Junto a sus políticas sociales, el reto de Vázquez, cuyo mandato finaliza en 2010, sigue siendo la investigación de los crímenes de la dictadura cívico-militar entre los años 1973 y 1985.
Chile. Tras ganar las elecciones presidenciales en 2005, la socialista Michelle Bachelet se convirtió en 2006 en la primera presidenta de la historia de Chile y en la primera mandataria socialista desde que Augusto Pinochet derrocó a través de un golpe de estado al presidente legítimo, Salvador Allende, en 1973. Lograr que el crecimiento económico reduzca la pobreza y aumente el bienestar de la población es el objetivo de sus políticas. Cerrar las heridas de la dictadura y apoyar la investigación judicial de sus crímenes es otro de los retos de su administración. Bachelet, hija de un militar afín a Allende fallecido en prisión y víctima en primera persona de la dictadura, tuvo que manejar con pulso la muerte de Pinochet en diciembre de 2006.
Bolivia. Evo Morales se convirtió en el primer presidente indígena de la historia del país andino al lograr la victoria en las elecciones de 2005 encabezando el Movimiento al Socialismo. Juró como presidente en 2006 tras curtirse como dirigente cocalero y férreo opositor de las políticas conservadoras de sus antecesores en el cargo. Tras dos años de mandato, ha impulsado
Ecuador. De nuevo una coalición alternativa a los partidos tradicionales logró el triunfo en unas elecciones, en 2006. En este caso fue el Movimiento Alianza País, liderado por Rafael Correa, quien tomó posesión como presidente a principios de 2007. Como en el caso de Bolivia, Correa ha impulsado un proceso constituyente para modificar la organización política del Estado. También ha tomado decisiones de trascendencia regional como la salida de Ecuador de las negociaciones de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, en las que sólo sigue en la actualidad Colombia, o el cierre de la base norteamericana de Manta a partir de 2009. Sus complicadas relaciones con el gobierno vecino del colombiano Álvaro Uribe constituyen uno de los elementos de mayor desestabilización de la región.
Perú. Se trata del país andino con una realidad política más compleja que aún sigue recuperándose de las consecuencias negativas del régimen de Alberto Fujimori, entre los años 1990 y 2000, y de la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso. Pocas veces los dirigentes latinoamericanos tienen una segunda oportunidad para enmendar sus errores. Es el caso de Alan García, presidente peruano entre 1985 y 1990 que vuelve a ostentar estas funciones tras ganar los comicios de 2006. Durante la campaña electoral su Partido Aprista presumió de sus afinidades y buenas relaciones con el PSOE español. Los dos principales retos que enfrenta son el juicio contra Fujimori que se desarrolla en la actualidad y la disminución de los altos índices de pobreza del país.
Sin lugar a dudas Latinoamérica vive una época de cambios, la izquierda de la región ha logrado encontrar su propio discurso y su propia vía para transformar la realidad. Como en La Estrategia del Caracol, de Sergio Cabrera, los ciudadanos, los habitantes de la comunidad, viven expectantes ante los nuevos proyectos y desafíos para hacer frente a los problemas de la región: la pobreza y la exclusión.
Diez años después del desastre ecológico provocado por el vertido de las minas de la multinacional Boliden en el río Guadiamar, en Aznalcóllar, a las puertas de Doñana, el siniestro se puede volver a repetir, como advierte Ecologistas en Acción, con proyectos como el de la mina de las Cruces, también en el entorno del Parque Nacional. Mucho dinero invertido en recuperar la zona afectada por los vertidos, una fuga con premeditación y alevosía de una transnacional. Las administraciones públicas no han tomado la suficiente nota.
Los jefes de estado y de gobierno de los 14 países miembros de la Comunidad de Desarrollo del África Austral (SADC) han expresado su compromiso para erradicar la pobreza “en todas sus dimensiones y manifestaciones”. Los dirigentes de esta organización supranacional africana han firmado su compromiso contra la pobreza en la Declaración de Mauricio adoptada en la capital de este país, Port-Louis, al final de la cumbre regional organizada para abordar el desarrollo de la región, que finalizó este 23 de abril.
Cerca del 40 por ciento de la población vive por debajo del umbral de la pobreza en el África Austral. “Altos niveles de pobreza son inaceptables para los países en nuestra región, que cuenta con abundantes recursos”, según señaló el presidente de Zambia y de la agrupación regional, Levy Mwanawasa.
El lento crecimiento económico, las escasas oportunidades laborales, los pobres servicios sociales y las enfermedades, especialmente el VIH/SIDA, son las causas más comunes de la pobreza, según Mwanawasa.
La Declaración de Mauricio reconoce que la pobreza es el problema que hay que solucionar con mayor urgencia en el África Austral. El documento expresa el compromiso de los gobiernos de combatir los efectos negativos del cambio climático, aumentando la capacidad de producción de energía mediante el uso de energías renovables, la mejora del acceso a la educación, el saneamiento así como la reducción de la distancia entre el norte y el sur.
Para potenciar el desarrollo el texto suscrito por los países de la región recomienda la necesidad de promover los microcréditos junto con el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Con el fin de fiscalizar estas políticas, se va a crear un “observatorio de la pobreza”.
Más de 750 millones de personas en el mundo carecen de acceso a la educación. De ellos, 70 millones son menores y dos tercios niñas. Sólo el 2 por ciento de los niños con discapacidad está escolarizado. Las políticas de cooperación al desarrollo actuales tardarían más de cien años en revertir esta situación. Denunciarla es el objetivo de la Campaña Mundial por la Educación que se desarrolla entre el 21 y el 27 de abril. “Superemos la exclusión, calidad en la educación. ¡Pon tu pieza! Todas cuentan”. Es el lema de las actividades en las que participan organizaciones no gubernamentales y sindicatos de enseñanza de 150 países del mundo.
Los promotores de la campaña indican que el año 2008 es crucial porque se encuentra en la mitad del camino de los seis objetivos de la Educación Para Todos (EPT) establecidos en la declaración de Dakar, firmada en abril de 2000 y que se deben cumplir en 2015. Por ello se trata de un momento clave para exigir acciones inmediatas orientadas a lograr una educación de calidad para todos y todas, es decir, que nadie quede excluido de este derecho fundamental.
La declaración de Dakar plantea seis objetivos: extender y mejorar la educación infantil; asegurar una educación primaria gratuita, obligatoria y de buena calidad para todos y todas; acceso a programas de preparación para la vida activa para todas las personas jóvenes y adultas; aumentar los niveles de alfabetización de personas adultas en un 50%; eliminar la disparidad de género en la Educación Primaria y Secundaria antes de 2005, y lograr la igualdad de género en el año 2015; y mejorar la calidad de la educación.
Y es que la falta de acceso a la educación en los países del Sur compromete su capacidad de desarrollo, perpetuando el círculo de la pobreza y supone un obstáculo que impide el avance de los derechos humanos.
En España, para revertir la situación, los colectivos presentes en esta campaña, como Intermón Oxfam, plantean diversas reclamaciones. A la cooperación española piden el aumento y la mejora de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) para la educación básica y para mejorar los salarios de los profesores cualificados; el apoyo de las políticas de los países del Sur que den prioridad a la formación docente y a la mejora de la profesión; y evitar que la cooperación económica se vincule con los intereses comerciales de las empresas españolas o las directrices de los organismos financieros internacionales.
La campaña también plantea varias recomendaciones a los países empobrecidos: aumentar del gasto público destinado a la educación; garantizar la calidad de la enseñanza mediante la formación profesional de los docentes; dotar de un sueldo adecuado a los docentes y permitir su participación en las políticas educativas; reducir el número de estudiantes por clase y mejorar el estado general de las aulas; y proporcionar el material didáctico adecuado.
Otro de los objetivos incumplidos es la eliminación de la desigualdad de género en las enseñanzas primaria y secundaria, planteado en los Objetivos del Milenio en el año 2000. Esta lacra debía haber desaparecido en 2005, algo que no ha ocurrido, según denuncian las organizaciones solidarias.
Todo es cuestión de voluntad política. Según recuerdan los promotores de la campaña, si todos los países del G7 (Canadá, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y EEUU) proporcionasen los 5.000 millones de dólares prometidos para educación se podría escolarizar a 60 millones de niños y niñas. Esta cantidad equivale al coste de 4 bombarderos ‘Stealth’.
