El partido del presidente boliviano, Evo Morales, ha aprobado en el Congreso la convocatoria de dos referendos el próximo 4 de mayo para validar su proyecto constitucional dirigido a reformar las estructuras del Estado, herederas de la independencia del siglo XIX y de la oligarquía criolla que la gestionó en beneficio propio.
En primer lugar, Evo Morales somete a la consulta del pueblo la nueva Carta Magna, redactada por la Asamblea Constituyente, a pesar del boicot activo de los partidos tradicionales.
En segundo lugar, el presidente boliviano pide al pueblo que ponga límites al latifundio. Hay que recordar que la posesión de la tierra en América sigue siendo un elemento de poder y riqueza, en manos también de la antigua clase dirigente. De ahí su oposición a la reforma agraria y a cualquier aspecto legal que signifique cambio.
Con esta consulta Evo Morales cumple con los principales puntos de su programa electoral, el que lo llevó a la presidencia de Bolivia: la reforma del Estado y la reforma agraria. No engaña a nadie y somete los cambios a la democracia de las urnas, no a los intereses de la vieja clase dirigente que se resiste a perder sus privilegios y empeñará todos sus recursos en su particular batalla contra los indígenas, pero también contra los trabajadores y los pobres.
Desde su llegada al Gobierno, la intención del presidente boliviano, Evo Morales, ha sido la de redactar una nueva Constitución que equilibre las diferencias étnicas y regionales del país andino. Incluso ha vinculado su futuro político a su éxito en esta tarea.
Bajo estas premisas, Juan Marchena, profesor y director del programa de doctorado sobre la historia de América Latina en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, afirma que la comunidad internacional tendrá que apoyar lo que el pueblo decida de manera democrática y tendrá que realizar un importante esfuerzo para comprender todo lo que ocurre en torno a la refundación de Bolivia.
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